Tras casi siete meses de parate, la papelera Massuh podría retomar su actividad en breve. El Gobierno nacional a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) se hará cargo del rescate financiero, utilizando parte de los fondos jubilatorios, que se vieron incrementados en el último tiempo tras la eliminación del régimen privado de jubilación conocido como Administración de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP).
La papelera que estaba al borde de la quiebra, emplea a casi 600 personas, tiene plantas en la localidad de Quilmes (Provincia de Buenos Aires) y en la Provincia de San Luis, y estaba paralizada desde octubre del año pasado.
La ANSeS de este modo obtendrá el 100% de las acciones de la empresa, creando un fideicomiso que administrará la papelera por un período de entre tres y doce meses. De todas formas la Administración Pública no se hará cargo de la deuda que ascendería a $ 249 millones (unos u$s 67 millones), que quedaría a cargo de Héctor Massuh.
Blas Alari, Secretario General de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ), dijo que “se trata de una salida lógica para salvar la continuidad de la fábrica, aunque no está claro si sirve como una solución de mediano plazo”.
Luego de terminado el plazo del fideicomiso, se decidirá una eventual prórroga o venta, aunque fuentes del sector indicaron que no habría empresarios papeleros interesados en hacerse cargo de la papelera, y menos con su cuantiosa deuda.
Blas Alari señaló además que “hay una deuda de tres meses a los trabajadores”, pero fuentes cercanas a la papelera señalaron que se debe “una sola quincena”, agregando que lograron el apoyo del Ministerio de Trabajo, mientras se buscaba una solución para la empresa, para pagar los salarios de marzo, abril y mayo.
La Bolsa de Comercio, por su parte, solicitó a la papelera (que cotiza en pizarra), un informe que aclare su situación económica y patrimonial. Hace unos días, la Bolsa había dejado trascender que estudiaba multar a Massuh por el incumplimiento en el suministro de información financiera y contable.
Fuente: La Nación
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